Un ambiente de preocupación se vive entre los funcionarios de la Aduana de Los Andes y en algunos personeros locales, tras el anuncio de arribo del nuevo director suplente de dicho servicio. Su llegada coincide con el fuerte remezón institucional provocado a inicios de septiembre por la revelación del Informe Final N° 599 de la Contraloría General de la República, documento que destapó graves deficiencias de fiscalización en la gestión del Servicio Nacional de Aduanas, y que desencadenó la salida de la directora nacional de la repartición.
La mayor inquietud local radica en que los hechos más críticos detectados por el ente fiscalizador ocurrieron precisamente durante la gestión del directivo en la Aduana Regional de San Antonio. Entre las situaciones auditadas en dicho puerto destacan la salida de 25 contenedores sin el «aforo» correspondiente, la omisión de controles a operaciones de alto riesgo vinculadas a drogas y armas, y el uso de teléfonos personales para enviar por WhatsApp fotografías de las pantallas de los camiones escáner ante la falta de conectividad institucional.
A estos hallazgos se suma la falta de trazabilidad en los sistemas informáticos y la ausencia de registros formales en la cadena de custodia de denuncias por tráfico de armamento. Ante este escenario, se han manifestado severos reparos sobre la idoneidad de la nueva administración, cuestionando que se traslade a la principal aduana terrestre del país a quien estuvo al mando de la unidad donde se cometieron las graves omisiones operativas investigadas y establecidas por el informe de Contraloría.