Una investigación periodística de Radio Bío Bío, reveló los nombres de 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron rebajas administrativas de penas durante el gobierno de José Antonio Kast, medidas visadas por autoridades de Justicia y ejecutadas sin que las víctimas fueran notificadas. De acuerdo con peritajes de Gendarmería incluidos en los antecedentes, varios de estos exreclusos presentan un alto riesgo de reincidencia, nula empatía y un constante patrón de negación o minimización de los delitos cometidos, encontrándose actualmente todos en libertad.
Dentro de los casos documentados destaca el de José Luis Hernández Paredes, cabo primero vinculado para la época de los hechos al Regimiento Reforzado Yungay, quien había sido condenado a 16 años de presidio por los delitos de violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico en contra de dos niñas que tenían apenas seis y siete años al inicio de las agresiones, a quienes además hostigaba y entregaba regalos para mantenerlas en silencio. Aunque su pena original debía cumplirse en julio de 2028, un decreto firmado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, le otorgó una reducción de 24 meses, adelantando su salida en libertad para julio de 2026.
En la sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral de Los Andes en febrero de 2015, se estableció que la huella genética del exmilitar sea incluida dentro de la base de datos de condenados por delitos sexuales y durante los 10 años posteriores al cumplimiento de pena, deberá informar cada tres meses su domicilio a Carabineros.