En 2016 se promulgó en Chile la ley 20990, texto que permitió modificar los cargos existentes para la época, entre ellos el de Intendente Regional, caso en el que, con la desaparición del título, sus atribuciones se dividieron en dos nuevos puestos: Delegado Regional y Gobernador Regional, todo con la excusa de la descentralización.
El Delegado Regional, por una parte, se quedó con las atribuciones de velar por la coordinación y ejecución de las políticas nacionales en la región, tiene relación directa con las políticas de seguridad y orden público, y es designado en su cargo por el Presidente de la República.
Por otro lado, el Gobernador Regional, junto con presidir el Consejo Regional, es el encargado de la administración superior de la región en la que ejerce, velando por su desarrollo social, cultural y económico.
Hasta el último tiempo en que la figura del Intendente Regional existió y encabezó en su totalidad las funciones más arriba descritas, sus ingresos bordeaban los 8 a 9 millones de pesos mensuales, algo que variaba según la región en la que desempeñaba su cargo.
Hoy, en pleno 2024, ad portas de la segunda elección del Gobernador Regional, en la región de Valparaíso, por ejemplo, esta autoridad recibe ocho millones y medio de pesos, aproximadamente y se le agregan cerca de $500.000 pesos en bonificaciones.
Así mismo, la figura del Delegado Regional, dependiendo de cada región, puede ganar entre siete millones y medio y ocho millones mensuales.
Es decir, entre ambos cargos, si bien se dividieron las responsabilidades del Intendente, se duplicó, al menos, el gasto fiscal en salarios.
Ante esto y cerca de la elección de este domingo en segunda vuelta, para la región de Valparaíso y otras 10 regiones del país, los cuestionamientos a esta modificación legal pueden existir legítimamente: ¿Qué tanto mejoró la vida de las personas de la región con la creación de dos cargos con salarios millonarios? ¿Se justifica haber duplicado el gasto público en las autoridades de este tipo en la región? ¿Con los Intendentes en ejercicio, se invertían, proporcionalmente, menos recursos regionales que ahora? ¿Mejoró la eficiencia y la eficacia o sólo se incrementó el gasto público en oficinas, asesores, funcionarios y la autoridad?
Seguramente, será un tema para analizar cuando el Ejecutivo y el Legislativo se sienten a trabajar la necesaria reforma al sistema político de nuestro país.