Revelado en el Consolidado de Información Circularizada (CIC N° 25) emitido por la Contraloría General de la República (CGR), un informe de fiscalización expuso la situación de los funcionarios suspendidos preventivamente en sumarios administrativos entre enero de 2020 y marzo de 2026. Aunque el Estatuto Administrativo regula estos procesos y autoriza suspender de manera preventiva a los funcionarios investigados manteniendo el pago de sus remuneraciones, la norma estipula claramente que, al expirar los plazos legales para concluir el sumario, la autoridad que lo ordenó debe revisarlo, apurar su tramitación y evaluar la eventual responsabilidad del fiscal sumariante. Sin embargo, el informe evidenció graves dilaciones a nivel nacional, identificando a 485 servidores públicos suspendidos con goce de sueldo, 30 de los cuales superan los 3 y 4 años en esa condición, generando un costo fiscal de más de $671 millones solo en los 10 casos más prolongados, además de anomalías como 14 suspendidos ejerciendo otras labores remuneradas y personas que viajaron al extranjero o asistieron a casinos haciendo uso de licencias médicas.
En este contexto, el Servicio de Salud Aconcagua figura en el lugar número 17 del ranking nacional de entidades con mayor cantidad de personal en esta situación, registrando 3 funcionarios suspendidos preventivamente por un período superior a un año. En dicha nómina de las 20 instituciones con más casos, el S.S.A. es superado por organismos como la Universidad de Santiago de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el SLEP Valparaíso, la PDI, el SII y Fonasa. Ante esta realidad, la Contraloría fijó plazos: el Servicio de Salud Aconcagua dispone de un plazo de 15 días hábiles para remitir mediante el sistema SIAD la resolución que ponga término a los sumarios o la resolución fundada que mantenga la suspensión. Asimismo, dentro de ese mismo plazo de 15 días hábiles, la institución deberá iniciar procedimientos disciplinarios internos para determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de la dilación y demora en la tramitación de los referidos sumarios.